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*LEY Nº 26.705 PDF 
Escrito por joselina   

Revista Virtual INTERCAMBIOS, Nº 15 – Noviembre 2011.   http://intercambios.jursoc.unlp.edu.ar/


Novedad Legislativa Nacional Nº 5

 

LEY Nº 26.705

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL; INCORPORACION DE UN PARRAFO AL ARTICULO 63 ACERCA DE LA EXTENSION DEL PLAZO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL EN LOS CASOS DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL.

SANCION: 07/09/2011

Boletín Oficial: 5 de octubre de 2011.-

 

Resumen:

 

Se adjunta como novedad legislativa nacional el texto oficial de la ley 26.705, recientemente promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 5 de octubre; que agrega un párrafo al art. 63 alterando el plazo de prescripción de la acción penal en los casos de delitos contra la integridad sexual cometidos a menores.


Descargar ley 26.705 (incluye proyecto sancionado, proyecto de ley y fundamentos)

Ver también Código Penal actualizado

 

Fuente oficial: http://www.infoleg.gov.ar/

Senado de la Nación.

Revista Virtual INTERCAMBIOS, Nº 15 – Noviembre 2011.   http://intercambios.jursoc.unlp.edu.ar/


Novedad Legislativa Nacional Nº 5

 

1) PROYECTO SANCIONADO

LEY Nº 26705

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL; INCORPORACION DE UN PARRAFO AL ARTICULO 63 ACERCA DE LA EXTENSION DEL PLAZO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL EN LOS CASOS DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL.

 

SANCION: 07/09/2011

Boletín Oficial: 5 de octubre de 2011.-

ARTICULO 1°.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 63 del Código Penal el siguiente:

‘En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine-, y 130 -párrafos segundo y tercero- del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad.

Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad.’

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

 

2) PROYECTO DE LEY

 

SECRETARIA PARLAMENTARIA

Dirección Secretaría

Dirección Comisiones

Dirección de Información Parlamentaria.


PROYECTO DE LEY

Iniciado: Senado Expediente: 3724-S-2010

Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 168 Fecha: 21/10/2010

Cámara revisora: Diputados Expediente: 0007-S-2011

LEY 26705

 

Texto completo del proyecto - Giro a comisiones - Dictámenes de comisión - Media sanción en Senado

Senado de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección General de Publicaciones.

(S-3724/10)

EXPEDIENTE NÚMERO 3724/10

 

 

 

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º.- Incorpórase el siguiente párrafo a continuación del Artículo 63º del Código Penal de la Nación:

"En los delitos previstos en el Libro Segundo, Título III -Delitos contra la Integridad Sexual- cuando la víctima fuere un/a menor de dieciocho (18) años, la prescripción de la acción penal comenzará a correr a partir de las 00:00 horas del día en que adquiera la mayoría de edad.

En los casos en que se produzca el fallecimiento de la víctima, antes de haber adquirido su mayoría de edad, la prescripción correrá a partir del momento en que se produzca su deceso.".

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María E. Estensoro. - Sonia Escudero. - Adriana Bortolozzi de Bogado. – Miguel A. Pichetto. – María J. Bongiorno. - Norma Morandini. – Laura G. Montero. – María de los Angeles Higonet.-

 

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Los abusos sexuales a menores son comportamientos perversos que realiza un adulto (generalmente varón) para su propia satisfacción sexual, con una niña, niño o adolescente. Para conseguir su objetivo emplea la manipulación emocional como chantajes, engaños, amenazas y, sólo en algunos casos, la violencia física.

A falta de datos oficiales actualizados y, en términos generales, se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños serán sexualmente agredidos antes de cumplir 16 años. En el 90 % de los casos, el abusador suele ser un hombre y en más de un 80 % de los casos será un conocido de la víctima.

Ante un círculo silencioso de padres, familiares, vecinos y niños que no quieren hablar, buenos son todos los esfuerzos posibles para paliar este delito.

En nuestro país sabemos que existe un número indeterminado de niños abusados, pero es difícil identificar a las víctimas de pedofilia porque son silenciosos.

El presente proyecto tiene por objeto modificar el Código Penal Argentino en cuanto a la forma de computar el plazo de prescripción de la acción penal para los delitos previstos en el Libro Segundo, Título III -Delitos contra la Integridad Sexual- cuando la víctima sea un menor de edad de acuerdo con las leyes de la República Argentina.

En este sentido, se propone incorporar un párrafo al art. 63º del Código Penal a fin de que el plazo de prescripción de la acción penal comience a correr en la medianoche del día en que la víctima menor alcance la mayoría de edad y, por ende, su plena capacidad civil de hecho y derecho conforme a las previsiones del Código Civil, en lugar de la medianoche del día en que se cometió el hecho, como rige actualmente.

Tal lo expresado con anterioridad, gran parte de los delitos cometidos contra la integridad sexual de menores quedan, con frecuencia, impunes en función de que la víctima -incapaz de hecho- no está en condiciones de defenderse a si misma y porque depende de la representación legal forzosa de algún adulto integrante del grupo familiar primario quien, en muchos casos, podría identificarse como el propio agresor. Asimismo la víctima, al alcanzar la mayoría de edad -o la madurez personal necesaria para accionar-, se enfrenta, muchas veces, a una acción penal prescripta.

Estudios encarados por la psicología moderna han puesto de manifiesto como problemática recurrente la realidad social de violencia física y moral dentro del grupo originario al que pertenece la víctima: le fue posible desenmascarar muchos problemas psiquiátricos y psicológicos del adulto, muchas veces irrecuperable, originados en su infancia y/o en su adolescencia, a causa de abusos sexuales padecidos.

La posibilidad de represión del delito que nos ocupa, más allá de transcurrido mucho tiempo, apunta a concientizar a la sociedad sobre la verdadera gravedad de la conducta reprimida en función de la entidad del daño que provoca, debido a que perpetúa lesiones psicológicas y personales que derrumban el ser en su esencia y en la estructura de su personalidad.

Esta circunstancia contribuye, además, a la inacción por parte de la víctima quien demora en comprender lo que le sucede, efecto este concomitante del propio delito que, paradójicamente, favorece a su propio agresor para quien el tiempo juega favor suyo.

Podría pensarse que la víctima es quien debe considerar sus posibilidades procesales antes de optar por denunciar un delito de este tipo porque si no exhibe lesiones físicas visibles, daños psicológicos constatables o una desviación sexual evidente, no se dará entidad al daño silencioso y recurrente que sufre a instancias del cual perdió su honor, su autoestima y su bienestar.

Al igual que en Chile, Colombia, España y Alemania, cuya legislación penal avanzó a paso firme sobre este tema, en el mismo sentido el presente proyecto intenta -al prolongar el tiempo de la prescripción del delito- paliar una situación de evidente desventaja de la víctima frente a su agresor para que pueda, una vez alcanzada la madurez necesaria, luchar judicialmente por su dignidad.

La Convención sobre los Derechos del Niño -incorporada a nuestra Constitución Nacional- impone al Estado Argentino la adopción de medidas tendientes a asegurar al menor la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, en tanto que la ley 26061 dispone el derecho del niño, de la niña y del adolescente a proteger su integridad física, sexual, psíquica y moral estableciendo que, cuando existiere conflicto entre los derechos e intereses de los menores frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, deberán prevalecer los primeros. Esto permitiría limitar el principio in dubbio pro reo, habida cuenta la notable desventaja de la víctima respecto de su agresor.

El interés superior del menor requiere la pronta adecuación del Código Penal para quienes hayan sido víctimas de abuso sexual infantil a efectos de que cuenten con normas que les permitan llevar a juicio a sus agresores, en el momento en que tengan el poder propio de hacerlo.

El propósito fundamental es extender los beneficios de la reforma a todos los menores de 18 años de edad, por resultar éste el límite temporal actual establecido para la adquisición de la plena capacidad civil, a tenor de lo establecido en el art. 126 del Código Civil, y sin perjuicio de la adecuación que pueda corresponder para el caso de posibles modificaciones futuras que alteren esta edad.

De tal forma, la víctima que no haya podido defenderse durante su niñez, en la que dependía de una representación legal forzosa, podrá hacerlo luego de alcanzada la mayoría de edad.

Confiamos en que la extensión del plazo de prescripción, que resulta de la modificación propuesta, incentive la función preventiva que el derecho penal aporta a la sociedad organizada y disuada el obrar delictivo de los futuros potenciales agresores.

Señor Presidente: por lo expuesto precedentemente solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.

María E. Estensoro. - Sonia Escudero. - Adriana Bortolozzi de Bogado. – Miguel A. Pichetto. – María J. Bongiorno. - Norma Morandini. – Laura G. Montero. –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ANTECEDENTE

 

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 63 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:

 

"Cuando se trate de delitos contra la integridad sexual cometidos contra personas menores de edad la prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que la víctima alcance la mayoría de edad.

 

Cuando por razones comprobadas la víctima no se hubiere encontrado en condiciones psicológicas o materiales de denunciar, el plazo de la prescripción empezará a correr desde la medianoche del día en que se presenten esas condiciones. Lo señalado será con total independencia de la edad que tenga la víctima al momento de los sucesos y de la que tenga al momento de producirse las condiciones antes indicadas".

 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

 

 

FUNDAMENTOS del ANTECEDENTE


Señor presidente:

La prescripción de la acción penal es un límite temporal al ejercicio del poder penal del Estado, que opera por el mero transcurso del tiempo.

 

Parte de la doctrina sostiene que el fundamento de la prescripción es que luego de transcurrido cierto tiempo el hecho delictivo deja de ser conflictivo para la sociedad y, por tanto, no corresponde mantener abierta la incertidumbre sobre la coerción penal, una vez que la herida cicatrizó.

 

Por ello, la naturaleza del delito cometido no es indiferente para determinar el plazo de la prescripción: aquellos delitos más severamente condenados por la sociedad conllevan una pena mayor, y el plazo de prescripción también aumenta. En los casos de delitos de lesa humanidad, la acción es imprescriptible precisamente porque el daño provocado es de tal magnitud que la herida no cicatriza. En este sentido, en el año 2003 este Congreso otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad (Ley 25.778).

 

Del mismo modo, los delitos sexuales sufridos por menores de edad justifican un cómputo diferencial del plazo de prescripción de la acción, ya que los daños producidos se perpetúan en el tiempo y se mantienen vigentes en la medida en que no hubo oportunidades reales de denunciar el hecho.

 

En el caso de los delitos contra la integridad sexual previstos en los artículos 119, 120 y 130, nuestro Código Penal dispone que su persecución dependa de instancia privada, es decir, el Estado no puede investigar tales hechos sin que la víctima lo requiera. Si la víctima fuera una persona menor de edad, la denuncia debe ser presentada por los representantes legales, tutores o guardadores. En el caso de que alguno de ellos fuera el acusado, cualquiera puede efectuar la denuncia.

 

Sin embargo, no puede dejar de considerarse que, la gran mayoría de casos de abuso sexual contra menores de edad, es cometido por personas de su entorno y confianza (padre, padrastro, abuelo, tío, persona a cargo de su educación, etc.), sin la presencia de testigos y con las grandes dificultades probatorias que implican este tipo de delitos. Los agresores, además, suelen amenazar a los niños y niñas, desacreditando de antemano su testimonio, para impedir que los menores de edad puedan verbalizar la situación de abuso. La permisión del Código Penal para que cualquier persona efectúe la denuncia en caso de que el abuso provenga de sus representantes legales no mejora esta situación, ya que, aún cuando se tenga sospechas o indicios del abuso padecido por un niño o una niña, es prácticamente imposible demostrar que el mismo proviene de los representantes legales. Asimismo, existe cierta reticencia de quienes están en condiciones de detectar estos abusos (personas que se desempeñan en el sistema educativo o el sistema de salud, por ejemplo) a formular las denuncias, ya que en muchos casos son perseguidos penal o civilmente si no se prueba dicho abuso. Por todos estos motivos, una gran parte de los casos de abuso contra menores de edad no son denunciados.

 

Cabe destacar que el Código Penal establece que estos delitos son de instancia privada como un derecho de la víctima, ya que tal vez ésta prefiera no exponer el caso y preservar su intimidad. En el caso de que la víctima sea menor de edad, se da la paradoja de que esta protección termina volviéndose en su contra, pues obviamente al momento en que sucedió el hecho no poseía la madurez suficiente para realizar la denuncia.

 

La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la República Argentina por Ley 23.849, sancionada el 27 de septiembre de 1990, promulgada de hecho el 16 de octubre de 1990 y publicada en el B. O. el 22 de octubre de 1990, con jerarquía constitucional de acuerdo con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, introdujo una nueva concepción de la infancia, una nueva mirada sobre los niños y las niñas, y un nuevo paradigma de intervención estatal. El reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos plenos de derechos y la protección integral de esos derechos como único objetivo de la intervención estatal obligaron a repensar y rediseñar las políticas públicas destinadas a la infancia. La sanción de la Ley 26.061 es una respuesta normativa para adecuar la legislación de acuerdo con el paradigma de la protección integral de derechos. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de denunciar en el momento en el que existan condiciones para hacerlo es un avance más en el sentido de fortalecer la protección integral de derechos, y el interés superior del niño entendido como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos (Ley 26.061, artículo 3). El Estado garante de la seguridad e integridad de las personas y en el ejercicio del monopolio de la fuerza asume frente a los ciudadanos la obligación de repeler, perseguir y sancionar aquellas conductas prohibidas por la ley penal. Los niños, niñas y adolescentes también deben poder gozar integralmente de este derecho.

 

Por otra parte, otorgándole a la víctima una posibilidad real de denunciar los abusos padecidos mientras era menor de edad, toda la sociedad se beneficia. En tal sentido, cabe tener en cuenta que uno de los fines legítimos del proceso penal es la averiguación de la verdad, como una forma más de afianzar la justicia.

 

Pero no solo existe el límite formal exigido por la ley que sólo admite que las personas puedan realizar la denuncia cuando sean mayores de edad, sino que para poder hacer efectivo este derecho es necesario contemplar que existen casos en los cuales las personas, aún habiendo cumplido la mayoría de edad continúan dependiendo emocional y económicamente de su entorno familiar, lo que les impediría tomar el valor suficiente de poder iniciar la acción.

 

El olvido y la negación son componentes posibles del abuso sexual infantil. Existe la posibilidad de que las víctimas logren develar el abuso sufrido cuando eran niños/as siendo ya adultas. En estos casos estamos frente a la situación de que la naturaleza misma del hecho a perseguir lo torna impune. Es falaz garantizar a estas víctimas que el Estado perseguirá a los autores del delito porque ello resulta fácticamente imposible.

 

Este principio de justicia, entiendo, que es razón suficiente para hacer ceder el límite temporal.

 

Es una mejor solución aquella que recepta normativamente el momento en el cual cada víctima haya alcanzado las condiciones necesarias para decidir concientemente si iniciar o no una denuncia penal.

 

En este sentido la "Convención de Belem do Pará" o "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994, ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996 y convertida en Ley Nacional Nº 24.632, constituye un avance de fundamental importancia en la reconceptualización de los derechos humanos de las mujeres y es la que debe marcar los lineamientos fundamentales para el diseño, implementación, coordinación y seguimiento de las leyes y políticas públicas a desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual, así como convertirse en el instrumento principal en la jurisdicción interna a los efectos de interpretar los derechos de las mujeres. En su artículo 7 (DEBERES DE LOS ESTADOS) los Estados Partes convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Para ello se obligan a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (inciso b), incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso (inciso c), tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer (inciso e) y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (inciso f).

 

La inclusión del párrafo propuesto en el artículo 63 del Código Penal es la remoción de un obstáculo, además del reconocimiento de limitaciones reales en la persecución de los delitos contra la integridad sexual y por lo tanto el cumplimiento de una obligación estatal asumida en el marco del derecho internacional público y también en la legislación interna mediante la sanción de la Ley 26.485.

 

En este sentido, una lectura armónica de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará conllevan a una concepción de del deber de diligencia reforzado para la investigación, persecución, sanción y resarcimiento de los actos de violencia perpetrados contra niñas y mujeres. En este orden de ideas, es explícitamente específica la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la conocida sentencia "Campo Algodonero".

Quiero agradecer especialmente la invalorable colaboración del Dr. Carlos Rozansky en la elaboración del presente proyecto.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.

 
+ Especialización en Derecho Penal

El Dr. Guillermo Ouviña en su cargo de Director del Instituto de Derecho Penal propuso al HCA de la FCJS, en el año 1989, la creación de la Carrera Especialización en Derecho Penal. Desde ese año si dicta en forma ininterrumpida y cuenta con varias promociones de egresados. Por iniciativa del Dr. Ernesto Domenech, actual Director de la Especialización, se comenzó con la publicación de la Revista Virtual Intercambios en 2001, la misma cuenta con trabajos de Profesores, egresados, alumnos de la carrera y de destacados colaboradores invitados de distintas disciplinas de universidades nacionales y extranjeras.

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